Esta semana, tanto 4Chan como Kiwi Farms —otro sitio famoso por razones poco agradables— presentaron una demanda federal en Estados Unidos contra el gobierno británico. Lo hicieron en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, y su argumento central es que la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido viola la Constitución estadounidense.
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Básicamente, alegan que están siendo castigados por actividades que son perfectamente legales en su país… aunque no tanto en Reino Unido.
¿Qué es exactamente lo que les molesta?
El blanco de la queja es Ofcom, la agencia británica encargada de regular el contenido online.
Según los abogados Preston Byrne y Ron Coleman (sí, tienen equipo legal y todo), Ofcom les exige que envíen regularmente informes de evaluación de riesgos sobre sus comunidades y contenidos, ya que sus páginas pueden verse desde territorio británico.
El problema es que si no lo hacen, podrían enfrentarse a multas de hasta 18 millones de libras (más de 20 millones de dólares). Y como 4Chan y Kiwi Farms no son precisamente conocidas por su espíritu de cooperación regulatoria… la tensión era inevitable.
¿Por qué hay tanta controversia?
Ambos sitios tienen una reputación tan tóxica como duradera. Han estado en el centro de escándalos de acoso, racismo, incitación al odio y campañas de hostigamiento, especialmente dirigidas contra mujeres y personas trans.
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Kiwi Farms, por ejemplo, ha sido señalado como organizador de campañas de acoso reales, mientras que 4Chan ha sido origen de movimientos como Gamergate, teorías de conspiración como QAnon y hasta la promoción de tiroteos masivos.
Por eso la Ley de Seguridad en Línea británica —que busca frenar precisamente ese tipo de comportamiento— les pone en el punto de mira. A inicios de agosto, Ofcom ya había emitido una advertencia formal: tiene “motivos razonables” para creer que 4Chan no está cumpliendo con los requisitos de la ley.
¿Y ahora qué?
La demanda no busca cambiar la ley británica como tal, pero sí frenar su aplicación sobre sitios radicados en Estados Unidos. En resumen, están diciendo: “lo que hacemos será problemático, pero es legal aquí, así que no nos vengan a multar desde allá”.
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Esta batalla podría sentar un precedente importante sobre cómo se aplican las leyes de internet entre países, especialmente cuando se trata de contenidos problemáticos que cruzan fronteras con un clic.